Uno de los males endémicos
que padece la sociedad española es la
lentitud de la Justicia.
Todos sabemos que en España
es posible que un “asunto” que llega
a los Tribunales pueda alargarse durante años. Durante el proceso de
instrucción puede haber infinidad de recursos, de plazos, de dimes y diretes
para conseguir retrasar la vista de la causa por los siglos de los siglos.
Amén. Cuando al final el “asunto” alcanza
su última instancia y empieza a ser juzgado puede haber pasado un montón de
años. La consecuencia es que el “asunto”
muchas veces ya está diluido o fuera de contexto, e incluso en ocasiones ya
nadie se acuerde lo que se está juzgando. Y entonces ¿para qué sirve una sentencia?
Esta Justicia perjudica a
sus usuarios pero favorece a los políticos que usan, y abusan, constantemente
de todas las trampas legales que ellos mismos se encargan de hacer Ley.
La consecuencia es el
descrédito, la ineficacia y el consiguiente choteo por parte de los ciudadanos
que siempre son burlados por la
Autoridad que lo dirige.
¿Algún
partido político ha hecho algo para remediar semejante catástrofe?
Ninguno. Todos parecen
interesados en mantener este funcionamiento anómalo de la Justicia e incluso de
empeorarlo en la medida de sus posibilidades (léase Gallardón).
A eso, y no a otra cosa, se
dedican. Diseñan estrategias para conseguir más cuotas de poder dentro de la
Administración de Justicia. Legislan a favor de obra, y copan todos los puestos
de relevancia de los tribunales más altos y representativos de este país.
Imponen candidatos, consensuan puestos y reparten migajas.
Tribunal Supremo,
Constitucional y Consejo General del Poder Judicial son buena prueba de ello. Y
estos altos tribunales dirimen las cuestiones siempre a favor del señorito de
turno que ha nombrado a gran parte sus integrantes.
¿Dónde
está la separación de poderes en España? ¿Es que acaso el Parlamento está
legitimado para interferir en uno de los poderes? ¿Es justo que el Fiscal
General del Estado sea nombrado por el Gobierno? ¿Es adecuada la Justicia,
favorece a los ciudadanos y a la sociedad tanto retraso?
Porque lo del pasado lunes
fue bochornoso.
Justo al día siguiente de
las elecciones catalanas el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña imputa a
Mas de: Desobediencia grave, Usurpación de funciones, Prevaricación
administrativa y Malversación de fondos.
Y todo ello a cuenta del referéndum
extra oficial convocado el 9 de noviembre de 2014.
No lo imputan por el 3% ni
por el “robo” organizado por el partido que preside. Ni se les ocurre. No vaya
(¿o es valla?) a ser que “alguien” los
acuse a ellos de lo mismo dada la afición que tienen todos a meter el cucharón
hasta el fondo de la pota.
Le acusan de esas cuatro
lindezas y después salen en los medios de comunicación con cara de cemento
armado y nos dicen: “todo es una
casualidad. La Justicia es independiente y nosotros respetamos sus decisiones”.
¿De
verdad piensan que alguien se puede creer semejante cosa?
Pues si. Mucha gente debe
creer a estos “mangantes”. La prueba
está en que en las próximas elecciones volveremos a ver como hordas de votantes
renuevan su confianza en los unos o en los otros.
Y sinceramente, si tengo que
elegir prefiero lo del Ratoncito Pérez. Sale
más a cuenta.
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